La pandemia de la COVID-19 ha tenido un severo impacto socioeconómico en América Latina y el Caribe. Entre otros factores, las restricciones de movilidad provocaron la pérdida de miles de empleos y dejaron a millones de personas sin capacidad para asegurar necesidades básicas, como alimentación y vivienda. Como consecuencia, incrementaron los niveles de pobreza e informalidad laboral. En toda la región, los refugiados y migrantes de Venezuela han sido particularmente vulnerables a estos impactos, debido a la falta de redes de soporte y protección social. Desde hace algunos meses, Faviola Tovar vende desayunos por las calles de la zona de Lima Sur. Es migrante venezolana y llegó a Perú junto a su pequeño hijo de 4 años, en septiembre de 2021, sin trabajo ni mucho dinero. “El primer tiempo fue difícil, entonces unos vecinos me hablaron de postular a una ayuda. Me registré y luego me llamó una señorita para saber cómo estábamos viviendo. Cuando recibí el dinero de la OIM pagué unas deudas, di para el arriendo, pagué lo que debía a una caserita y le compré a mi hijo su uniforme y unos útiles que necesitaba. Ahí mismo compré un termo y un carrito para independizarme”, cuenta mientras hace su recorrido diario. El Banco Mundial y la OIM en Perú unieron esfuerzos y llevaron adelante un proyecto para apoyar a la población refugiada y migrante venezolana más vulnerables, a través de transferencias monetarias que les permitieran cubrir sus necesidades básicas por un mes. Como Faviola Tovar, casi 15 mil familias recibieron recursos que les permitieron cubrir necesidades de alimentación, pago de arriendo y atenciones de salud, entre otras. La mayoría de las personas que recibieron estos recursos eran parte de familias numerosas, mujeres embarazadas o en período de lactancia y personas con problemas de salud, de las regiones de Tumbes, Piura, La Libertad, Lima Metropolitana y el Callao. Además, estos aportes también permitieron dinamizar las economías de las comunidades de acogida, pues las familias los usaron para comprar en negocios locales. Carmen Damián, dueña de una tienda de abarrotes en la zona de San Juan de Miraflores, cuenta con satisfacción que su negocio se ha visto favorecido con la migración venezolana: “Muchos de mis clientes son venezolanos. Ellos de alguna forma han permitido que mi negocio crezca. Yo sé que no es fácil llegar a un país a la nada. Por eso, es importante que las instituciones puedan ayudarles, porque eso es un plus para su crecimiento del día a día”. En la zona de Villa María del Triunfo, Brigitte Díaz, dueña del local de comida “Antojitos donde Yamil”, no solo tiene clientes venezolanos, sino que varias de sus ayudantes de cocina también lo son. Esta emprendedora peruana piensa que los trabajadores y trabajadoras venezolanas han ayudado a muchos pequeños comerciantes a crecer, que son personas comprometida y aportan valor a sus negocios. “Ellas proponen nuevas opciones y para bien, porque tú no eres solo a la cabeza, sino que somos un grupo para salir adelante y surgir”. Les invitamos a conocer más sobre el proyecto y estos testimonios en el siguiente video: Nota: Tras nueve meses de implementación, el proyecto culminó el mes de junio del 2022. De requerir más información sobre posibles asistencias con la OIM Perú, por favor, escribir a través de las redes sociales oficiales de la organización (aquí). Recuerde que toda asistencia humanitaria que entrega la OIM y sus socios es gratuita y garantiza la protección y seguridad de las personas. Si sospecha de cualquier mensaje, denúncialo a: iomperuatencion@iom.int.

Buenos días a todas y todos y gracias por venir. Quisiera comenzar agradeciendo al Gobierno del Perú por su invitación. Esta visita me ha permitido comprender mejor tanto los avances en materia de derechos humanos como los retos a los que se enfrenta el país, su gente y sus instituciones.  Durante mi visita, me reuní con el Presidente, la Vicepresidenta, el Canciller y otros miembros del gabinete. También llevé a cabo reuniones con congresistas de distintos partidos políticos y con representantes del poder judicial, de la sociedad civil, del sector privado, de los pueblos indígenas y de las víctimas de violaciones de derechos humanos. También me reuní con la Defensoría del Pueblo, las autoridades electorales y miembros del Acuerdo Nacional, una plataforma para el diálogo. Perú todavía se está recuperando de una pandemia de COVID-19 que fue devastadora para su población y que resultó en la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo. Más de 1 de cada 20 personas con COVID murió; en total, se han registrado unas 213.825 muertes. Al mismo tiempo es alentador observar que actualmente el 84% de la población ha recibido la segunda dosis de la vacuna. La pandemia dejó al descubierto las profundas brechas y desigualdades socioeconómicas de la sociedad peruana, y sus efectos amenazan con permanecer durante años. La pandemia golpeó muy fuerte al medio rural, a las clases más desfavorecidas y a los grupos más marginados y discriminados. Las niñas y niños están volviendo poco a poco a la escolarización presencial después de casi dos años de cierre de sus escuelas, una situación que afectó especialmente a las y los estudiantes de zonas remotas que no tienen acceso a Internet. Otra conmoción externa, la guerra en Ucrania, está teniendo un profundo impacto en la capacidad de las personas peruanas para reconstruir mejor. En medio del aumento de los precios de los alimentos y del combustible, se considera que unos 15,5 millones de personas en el país sufren inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos. Esta preocupante situación podría empeorar en los próximos meses, debido a la escasez de fertilizantes necesarios en la próxima temporada de siembra. He planteado a todos mis interlocutores que las medidas de protección socioeconómicas deben ampliarse y centrarse en generar mejoras tangibles para las personas más marginadas. Apoyar la agricultura a pequeña escala y dar prioridad a ayudar a las personas para que puedan dejar el mercado laboral informal, son formas claras de reconstruir mejor. La polarización se ha profundizado en los últimos meses y hay indicios preocupantes de que los movimientos antiderechos están ganando terreno. Me preocupa que el discurso de odio contra adversarios, migrantes y otros, y la discriminación y la violencia puedan exacerbarse durante las elecciones locales y regionales que se celebrarán en octubre. El papel de las autoridades electorales del Perú es fundamental para proteger el espacio democrático en el contexto actual. Los periodistas también desempeñan un rol crucial, pero se enfrentan a hostigamiento en el desempeño de sus funciones, especialmente las mujeres periodistas. Muchas de las personas con las que me he reunido estos días han subrayado que sólo la acción de todos los sectores puede evitar el retroceso en el respeto -y la consecución- de los derechos humanos. Mi Oficina tiene una amplia experiencia en la asistencia a estos procesos y he ofrecido a las autoridades el apoyo de mi equipo en el Perú en este empeño.  Para contrarrestar el retroceso en el respeto de los derechos humanos, Perú ya dispone de importantes herramientas, como leyes, políticas y protocolos que están alineadas con las normas internacionales de derechos humanos, pero que requieren esfuerzos para garantizar su aplicación, con el presupuesto y el personal adecuados. Igualmente importante, como he visto estos dos últimos días, es que el país cuenta con un valioso movimiento de derechos humanos que sigue luchando incansablemente por la justicia, y cuenta también con funcionarias y funcionarios comprometidos con los derechos humanos. Mis intercambios con las partes interesadas han puesto de manifiesto que el camino a seguir sólo puede trazarse con éxito si los distintos sectores de la sociedad se unen y mantienen un diálogo nacional inclusivo que represente la rica diversidad de este país. Para ello, insto a todos los partidos políticos a que actúen con generosidad y sentido de Estado para abordar los retos a los que se enfrenta el país. Para este proceso de diálogo es fundamental contar con unas instituciones estatales fuertes, transparentes, responsables y dispuestas a erradicar la corrupción. Me gustaría también destacar el rol crucial de la Defensoría del Pueblo y la importancia de contar con un proceso de selección transparente, de acuerdo con las normas internacionales, para elegir al próximo titular de este cargo. Los pueblos indígenas y las personas defensoras de derechos humanos del Perú están en primera línea cuando se trata de los impactos del cambio climático y otras amenazas, como la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico, especialmente en la región amazónica. Por ello, deben ser considerados aliados en los esfuerzos para hacer frente a la impunidad de la que gozan los grupos criminales. Los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario también se ven afectados por las actividades ilícitas. Debo decir que admiro la valentía y la fuerza de las personas defensoras de derechos humanos que desempeñan un papel inestimable en la sociedad peruana en medio de los riesgos persistentes. Estas personas necesitan una protección efectiva para garantizar un entorno seguro y propicio para su trabajo. Celebro el compromiso de las autoridades de trabajar con mi equipo en el Perú para lograr este objetivo. La minería y otras industrias extractivas han sido fundamentales para la economía del Perú durante siglos. Pero con demasiada frecuencia, las promesas de desarrollo de las industrias extractivas no llegan a beneficiar a las comunidades afectadas, especialmente a los pueblos indígenas y a las poblaciones rurales. El remedio a la contaminación dejada por proyectos anteriores aún no se ha llevado a cabo en su totalidad. Una defensora indígena de derechos medioambientales describió cómo los metales pesados procedentes de una mina local en los cauces de los ríos habían dejado enfermos a los habitantes de su comunidad en la región de Cusco. "No estamos en contra del desarrollo. Sólo queremos que las empresas actúen con responsabilidad. No queremos morir, queremos vivir", dijo. Los acuerdos alcanzados para abordar el descontento social provocado por los proyectos extractivos y de otro tipo deben basarse en la consulta previa, garantizar la protección de los derechos subyacentes a la tierra y a los recursos naturales, incorporar salvaguardias sociales y medioambientales y mitigar cualquier impacto negativo. El sector privado tiene un importante papel que desempeñar para avanzar mediante el desarrollo de medidas voluntarias y obligatorias para aplicar la diligencia debida de las empresas. Representantes del sector privado con los que me reuní enfatizaron su compromiso para avanzar en los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la ONU. También apoyo las iniciativas para avanzar hacia las energías verdes y renovables. Me conmovió escuchar los testimonios de los grupos que promueven la igualdad de género, incluidos los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Animo a las autoridades a que colaboren con la sociedad civil para contrarrestar los altos niveles de violencia doméstica, las barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, la discriminación basada en actitudes sexistas y estereotipos de género y los índices desproporcionados de mujeres y niñas desaparecidas. Reconozco el esfuerzo del Perú para responder a la llegada de alrededor de 1,3 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas, lo que es un testimonio del país y de su gente, que se puso en marcha para ayudar. Sin embargo, me preocupa -y así lo manifesté en muchas de mis reuniones con distintos actores- una propuesta legislativa aprobada recientemente por el Congreso que exigiría a las personas migrantes que demuestren su condición regular de migración para alquilar una propiedad, lo que podría afectar a los más vulnerables, incluidos las niñas y los niños. Esta medida también podría afectar a los peruanos y peruanas que alquilan sus casas y podrían perder estos ingresos de alquiler, a menudo vitales. Como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, he tenido el privilegio de reunirme con víctimas de violaciones y personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo. Esta semana, en Perú, he sido testigo de la resiliencia y esperanza de quienes buscan la verdad y la justicia por las violaciones que han sufrido. Tuve ocasión de hablar con una mujer que me contó cómo fue engañada y esterilizada a la fuerza y, décadas después, aún no ha recibido justicia. Ella era una de las miles de mujeres y hombres -en su mayoría rurales, pobres y quechuahablantes- que sufrieron esta violación. Mi visita coincidió con una fecha emblemática: el 30 aniversario del horrible atentado de Tarata perpetrado por Sendero Luminoso, que causó la muerte de 25 personas, así como de la masacre de La Cantuta, cuando nueve estudiantes y un profesor universitario fueron secuestrados y asesinados por un escuadrón de la muerte. Asumir el período de violencia que vivió Perú entre 1980 y 2000 es vital para superar los principales retos de hoy en día, incluidos los actuales niveles de polarización política y social. Como médico, siempre digo que una herida que no está limpia no sana. Los lugares como el Ojo que Llora en Lima o la Hoyada en Ayacucho honran a las víctimas y ayudan a superar el pasado. Las víctimas de las protestas de noviembre de 2020 también han mostrado una fuerza similar en la búsqueda de justicia. Un joven que encontré en una de mis reuniones lo dijo claramente: Mi generación está harta de la impunidad, basta. He mantenido una serie de conversaciones constructivas con representantes de distintos sectores del Estado, que reconocen los retos del Perú en materia de derechos humanos y han identificado respuestas concretas para abordarlos. Valoro el compromiso de las autoridades de cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluso con las próximas visitas de los relatores especiales de la ONU. También valoro los esfuerzos de las autoridades para garantizar una presencia sostenible de mi equipo aquí en el país. El Perú se enfrenta a desafíos en materia de derechos humanos, tal y como hemos escuchado durante los últimos días. En base a las discusiones que he mantenido, estoy convencida de que pueden ser superados y se puede encontrar un camino hacia un futuro más inclusivo. Es importante mantener la esperanza. Mi Oficina está dispuesta a acompañarles en estos esfuerzos. Gracias.

Durante su visita, la SG Grynspan se reunió con el Presidente de la República, Pedro Castillo, así como con la Vicepresidenta, el Presidente del Consejo de Ministros y el gabinete ministerial. Durante los diferentes espacios de intercambio con las autoridades peruanas, la Sra. Grynspan compartió los puntos más resaltantes de los últimos estudios y análisis realizados por la UNCTAD a nivel global sobre el impacto de la crisis climática, la pandemia de COVID-19 y el aumento del número de conflictos a nivel mundial (las denominadas crisis en cascada), que han disparado los precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes, y han amenazado la seguridad alimentaria mundial y los flujos de ayuda de millones de personas en todo el mundo. Durante su exposición, mencionó que, si bien el Perú es un país expuesto a la crisis económica global, éste cuenta con las condiciones necesarias para enfrentarla tales como sus fortalezas macroeconómicas y su capacidad para manejar las crisis. De hecho, la SG Grynspan explicó que Perú no se encuentra en la lista de los 94 países identificados por la UNCTAD como severamente expuestos a alguna de las crisis en cascada.  Sin embargo, resaltó la importancia de tomar las medidas y políticas adecuadas para que estas crisis no mellen los avances que ha tenido el Perú gracias a sus fortalezas y resiliencia. Para ello, recomendó actuar rápidamente en el escalamiento de los programas sociales focalizados y en la extensión de los programas de alimentación escolar para primaria y secundaria. Con miras a fortalecer la cooperación técnica en el Perú y avanzar a paso más firme hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Rebeca Grynspan firmó Cartas de Intención con la Presidencia del Consejo de Ministros, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y con INDECOPI. Entre los temas que se trabajarán a través de los acuerdos interinstitucionales están: el fortalecimiento del ecosistema nacional de comercio electrónico, el cierre de la brecha digital, la reactivación sostenible de las Mipymes, el desarrollo de modelos productivos y de asociatividad en zonas rurales y urbanas de bajos recursos, la implementación de una hoja de ruta hacia una Economía Circular en sectores industriales, entre otros. En el marco de su visita, la SG Grynspan participó de la presentación y lanzamiento oficial del proyecto “Evaluación Internacional del Comercio Electrónico”, siendo el Perú el primer país de la región de América Latina que participará y que le permitirá seguir avanzando hacia la consolidación de la transformación digital con el fin de reducir las desigualdades y promover una reactivación socioeconómica con equidad y justicia social.

Las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas (SNU) en el Perú expresan su preocupación sobre el retroceso que implicaría la transformación institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, y respaldan la posición de las declaraciones de la señora Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de no cambiar la denominación actual del MIMP. La propuesta de creación de un Ministerio de la Familia en sustitución del MIMP (Proyecto de Ley 1229/2021-CR) ha sido promovida previamente y rechazada en varias ocasiones por el Congreso, por organizaciones nacionales e internacionales y por la ciudadanía en general, en vista que eliminar la referencia a la mujer y sustituirla por familia reforzaría la valoración exclusiva de las mujeres por su rol reproductivo e invisibilizaría la persistente discriminación y desigualdad estructural contra las mujeres y niñas, y las consiguientes vulneraciones a su autonomía y sus derechos fundamentales, situación que ha sido exacerbada por la pandemia. En el contexto actual de recuperación socioeconómica, se precisan instituciones fuertes y la implementación efectiva de políticas públicas que promuevan el acceso de niñas y mujeres a educación de calidad, a servicios de salud, incluidos los de salud sexual y reproductiva, a oportunidades de empleo decente y formal, y el incremento de la participación de ellas en la vida pública y política, así como la plena garantía de una vida libre de violencia. La necesidad de atender aspectos relacionados a la familia está cubierta por el MIMP, ya que sus servicios no son excluyentes y aborda a las personas integrantes del grupo familiar que sufren violencia, protegiendo y fortaleciendo a las familias. El SNU en el Perú reconoce las contribuciones y  resultados del trabajo del MIMP, no obstante, los datos nacionales existentes reflejan los desafíos y demandan a los poderes del Estado a seguir fortaleciendo su funcionamiento e integralidad en línea con los compromisos internacionales asumidos y las recomendaciones brindadas al Estado peruano, en materia de derechos humanos e igualdad de género, por el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Finalmente, el SNU reitera su compromiso y disposición para apoyar a las instituciones del Estado peruano en sus esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y propiciar una sociedad más justa e igualitaria.