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03 mayo 2022
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Perú
El Perú fue un país protagonista de la Agenda 2030 desde su elaboración, involucrando a más de setecientas personas en cerca de sesenta consultas presenciales en diversas regiones del país para determinar el futuro deseado para el mundo después de 2015. Asimismo, el Perú lideró la segunda ronda de consultas para definir uno de los Medios de Implementación de la Agenda 2030: el Monitoreo Participativo para la Rendición de Cuentas y formó parte del Grupo de Trabajo Abierto (Open Working Group) para definir los diecisiete ODS. El Sistema ONU en el Perú apoyó activamente al país en todos estos procesos.
Desde 2016, la Agenda 2030 y los ODS son referentes claves para las políticas de desarrollo del Perú, y el Gobierno ha presentado dos Informes Nacionales Voluntarios (2017 y 2020) acerca de los avances logrados. Sobre la base de un diálogo permanente, el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú (SNU) ha contribuido desde entonces a abordar los desafíos del país en materia de desarrollo sostenible a través de una serie de acciones estratégicas para guiar su trabajo hacia el año 2030. El Marco de Cooperación para 2017-2021 (UNDAF, por sus siglas en inglés) fue formulado en 2016 con los ODS como referentes para el diagnóstico y las líneas de acción puestas en marcha durante el primer ciclo de implementación de la Agenda 2030. Durante el período 2020-2021, se complementó al UNDAF con un Plan de Respuesta y Recuperación Socioeconómica (SERP, por su siglas en inglés) que permitió articular la cooperación de ONU al abordaje del impacto multidimensional de la pandemia por COVID-19.
INGRESE A LOS ICONOS PARA CONOCER LOS DATOS DE CADA ODS:
Discurso
27 diciembre 2021
Mensaje de Año Nuevo del Secretario General
Por la creciente pobreza y la desigualdad cada vez mayor.
Por la distribución desigual de las vacunas contra el COVID.
Por la insuficiencia de los compromisos climáticos.
Y por la continuación de los conflictos, la división y la desinformación.
No se trata meramente de pruebas políticas.
Son pruebas morales y de la vida real.
Y son pruebas que la humanidad puede superar, si nos comprometemos a hacer de 2022 un año de recuperación para todo el mundo.
Recuperación de la pandemia, con un plan audaz para vacunar a todas las personas, en todas partes.
Recuperación de nuestras economías, con los países más ricos apoyando al mundo en desarrollo con financiación e inversiones y aliviando su deuda.
Recuperación de la desconfianza y la división, con un nuevo énfasis en la ciencia, los hechos y la razón.
Recuperación de los conflictos, con un espíritu renovado de diálogo, compromiso y reconciliación.
Y recuperación de nuestro planeta, con compromisos climáticos que estén a la altura de la magnitud y la urgencia de la crisis.
Los momentos de grandes dificultades ofrecen también grandes oportunidades.
Para unirnos en solidaridad.
Para unirnos en torno a soluciones que puedan beneficiar a todas las personas.
Y para avanzar —juntos— con esperanza en lo que nuestra familia humana puede lograr.
Juntos, hagamos que nuestro propósito para 2022 sea la recuperación.
Por las personas, el planeta y la prosperidad.
Les deseo a todos un Año Nuevo lleno de paz y felicidad.
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Publicación
07 septiembre 2021
Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2022 - 2026
El Gobierno del Perú y el Sistema de las Naciones Unidas firmaron el 7 de septiembre de 2021, el Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible para el período 2022–2026, el cual orientará la contribución de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas a los esfuerzos del Perú en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como los marcos y políticas nacionales de desarrollo.
Este nuevo acuerdo entre el Perú y las Naciones Unidas prioriza el acompañamiento y apoyo al país en cuatro prioridades estratégicas: (a) Bienestar de las personas e igualdad en el acceso a oportunidades; (b) Gestión del ambiente, cambio climático y riesgo de desastres; (c) Competitividad y productividad inclusiva y sostenible; (d) Gobernanza democrática efectiva y equitativo ejercicio de la ciudadanía.
En los enlaces siguientes puede descargar el documento completo, la hoja informativa or the English version.
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Historia
10 diciembre 2021
Como escritos en piedra
Primero fue en el Lugar de la Memoria, la tolerancia y la inclusión social; luego en la sede principal de la Defensoria del Pueblo, en el centro de Lima. Esta año, la Declaración Universal de Derechos Humanos ha quedado instalada en el Museo "Para que no se repita" de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) en la ciudad de Ayacucho, al sur del Perú.
Con ocasión del Día de los Derechos Humanos, el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, la Unión Europea y la Embajada de la República Federal de Alemania, presentan la muestra "Como escritos en piedra", treinta placas de mármol con cada uno de los artículos del documento que este año conmemora su 73 aniversario y que quedarán en los salones del museo, de forma permanente.
Con el apoyo de nuestro socio en el Estado, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), la muestra se instala en un nuevo lugar significativo para los derechos humanos como es el museo de la memoria de ANFASEP, con el objetivo de promover su conocimiento y su vigencia.
La ceremonia estuvo encabezada por la señora Adelina García Mendoza, presidenta de la ANFASEP; Igor Garafulic, representante de las Naciones Unidas en el Perú; Vincent Ringenberg, Encargado de Negocios de la Unión Europea; Clemens Hellemeier, Consejero de Cultura y Prensa y Asesor de Asuntos Políticos de la Embajada de la República Federal de Alemania en Lima e Ivone Montoya, representante del Ministerio de Cultura, quienes estuvieron acompañados por representantes de organizaciones locales de derechos humanos, de la cooperación internacional y autoridades.
El representante de las Naciones Unidas en el Perú, Igor Garafulic, al inaugurar la muestra dijo:
"La Declaración Universal tallada en piedras es un homenaje y un agradecimiento a un movimiento de mujeres defensoras de los derechos humanos, quienes, con su lucha incansable y el ejemplo de Mamá Angélica, han luchado por más de 35 años para acceder a la justicia, la verdad, la reparación y garantías de no repetición.
"Porque cada vez que ellas y los visitantes ingresen al local recuerden el por qué estamos aquí, la razón de nuestra lucha diaria, la razón de nuestro caminar, es decir: gozar de nuestros derechos humanos sin excepción. Queremos enfatizar claramente que el museo y el local de ANFASEP es un lugar de defensa de derechos humanos que debe ser reconocido, protegido, nutrido, y valorado constantemente".
Las 30 placas con cada uno de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos han sido trabajadas por el artista Jean Pierre Castro y están colocadas en los diferentes ambientes del museo de la memoria de la ANFASEP. La curaduría estuvo a cargo del reconocido crítico de arte y miembro de la Comisión LUM, Jorge Villacorta. El museo “Para que no se repita”, construido en 2004, es el primer museo de víctimas en el Perú que exhibe las causas, los acontecimientos y las secuelas del conflicto armado interno, recordando y dignificando a las víctimas.
Luego de la inauguración de "Como escritos en piedra" y como parte de las actividades de conmemoración del Día de los Derechos Humanos, se llevo a cabo una romería a La Hoyada, zona colindante al cuartel “Los Cabitos” donde, de acuerdo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se reportaron detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, desaparición y ejecución extrajudicial de hombres, mujeres e, incluso, menores de edad durante el conflicto armado interno entre 1983 y 1985.
Como es conocido, por el gran valor simbólico de este espacio, existe la iniciativa de crear en la zona el ‘Santuario de la Memoria de La Hoyada’, iniciativa de la ANFASEP que es acompañada por el Lugar de la Memoria (LUM) del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Al respecto, Igor Garafulic, representante de las Naciones Unidas, dijo "La Hoyada en sí misma tiene un mensaje claro, contundente y permanente de que las violaciones a los derechos humanos que se cometieron no pueden ni deben volver a repetirse. Igualmente, el proceso en torno a la construcción del Santuario de la Hoyada no solo representa de manera clara la idea de reparación simbólica y de memoria, sino que además es un proceso de defensa de derechos por parte del movimiento de derechos humanos en la región Ayacucho, que el país en su conjunto debe identificar, reconocer y apoyar".
Asimismo, Vincent Ringenberg, encargado de negocios de la Unión Europea, mencionó “La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha contribuido desde su firma en 1948 a elevar los estándares de derechos humanos en todo el mundo. No obstante, nunca debemos dar por sentados estos logros. La lucha por nuestros derechos continúa y aún queda mucho trabajo por hacer. La UE seguirá apoyando esta lucha”.
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Historia
29 diciembre 2021
Nuestro trabajo en el 2021
A poco de terminar el 2021, un año difícil por los grandes desafíos enfrentados pero también lleno de logros alcanzados por nuestras Agencias, Fondos y Programas, presentamos un repaso por algunas de las actividades e iniciativas del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, que bajo el liderazgo del coordinador residente y de la Oficina de Coordinación Residente (OCR) y en trabajo conjunto con nuestros socios en el Estado, la sociedad civil, la academia y el el sector privado, entre otros, hemos llevado a cabo durante el año 2021.
Accede a AQUÍ a la historia.
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Comunicado de prensa
21 enero 2022
Naciones Unidas brindará asistencia al Perú ante derrame de petróleo
1. El Gobierno del Perú ha solicitado a Naciones Unidas apoyo técnico para evaluar el impacto y las medidas de respuesta ante el trágico derrame de petróleo tras las enormes olas provocadas por la erupción del volcán en Tonga.
2. En ese sentido, Naciones Unidas ha activado de manera inmediata los protocolos de atención de emergencias a fin de poner a disposición del Gobierno el apoyo técnico a través de una misión de expertos en desastres ambientales.
3. El grupo de expertos estará llegando al Perú en los próximos días con la misión de realizar una rápida evaluación del impacto socioambiental y asesorar a las autoridades en la gestión y coordinación de la respuesta. Asimismo, realizará un planteamiento de acciones efectivas para reducir el riesgo de futuros desastres en el país.
4. La asistencia estará coordinada por la Oficina de Coordinación Residente de ONU Perú y liderada por la Unidad Conjunta de Medio Ambiente (JEU por sus siglas en inglés), conformada por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), entidades encargadas de coordinar los esfuerzos internacionales para responder a los desastres ambientales y sus impactos humanitarios.
5. El Sistema de las Naciones Unidas en el Perú reitera su compromiso de seguir apoyando al Gobierno y al pueblo del Perú en esta situación de emergencia ambiental.
Lima, 21 de enero de 2022
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Historia
01 abril 2022
Blog: Casi la mitad de todos los embarazos no son intencionales
Nuevo informe del UNFPA alerta una crisis mundial.
En el Perú, aproximadamente 2 de cada 3 embarazos de las adolescentes no fueron intencionales (ENDES, 2021). Casi la mitad de todos los embarazos en el mundo, un total de 121 millones, no son intencionales. Al poner en las manos de las mujeres y las niñas el poder de tomar la decisión fundamental de quedar o no embarazadas, no es una opción en absoluto, explica el informe El Estado de la Población Mundial 2022, publicado el día de hoy por el UNFPA, el organismo de las Naciones Unidas dedicado a la salud sexual y reproductiva. La realidad en Perú es similar. En los últimos cinco años, 52.1% de los nacimientos ocurridos no habían sido planeados en el momento de su concepción (ENDES 2020). Es decir, 1 de cada 2 nacimientos ocurridos no fueron intencionales. Este trascendental informe, “Visibilizar lo Invisible: La necesidad de actuar para poner fin a la crisis desatendida de los embarazos no intencionales”, advierte que esta crisis de derechos humanos tiene consecuencias profundas para las sociedades, las mujeres y las niñas y la salud mundial. Más del 60 por ciento de los embarazos no intencionales terminan en aborto, y se estima que el 45 por ciento de todos los abortos son inseguros y producen el 13 por ciento de todas las muertes maternas, una situación que tiene importantes repercusiones en la capacidad del mundo para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Este informe es un llamado de atención. La abrumadora cantidad de embarazos no intencionales representa un fracaso mundial en la defensa de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y las niñas”, afirma la Directora Ejecutiva del UNFPA, la Dra. Natalia Kanem. “Para las mujeres afectadas, la decisión reproductiva más trascendental de su vida –si quedarse o no embarazadas– no es una opción en absoluto. Al poner el poder de tomar esta decisión fundamental directamente en las manos de las mujeres y las niñas, las sociedades pueden garantizar que la maternidad sea una aspiración y no algo inevitable. Según los registros administrativos del Ministerio de Salud del Perú, el número de partos en niñas menores de 15 años aumentó de 1,158 a 1,438 entre 2020 y 2021. Adicionalmente, cerca de la mitad de partos ocurridos en las adolescentes de 15 años podrían haber sido concebidos cuando eran menores de 15 años. Es importante recalcar que el embarazo en una niña de 14 años o menos edad es -en todos los casos- consecuencia de una violación sexual, según lo establecido por el ordenamiento legal peruano. "Las niñas con menos recursos tienen cinco veces más posibilidades de quedar embarazadas; y ser madres profundiza esta situación, entrando así en un círculo vicioso de pobreza", declara Hugo González, Representante del UNFPA en Perú. Y, para seguir visibilizando lo invisible, en 2020 –durante la pandemia por la COVID -19– 24 niñas peruanas menores de 10 años se vieron forzadas a ser madres, según cifras preliminares del Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo del Ministerio de Salud en línea. La violencia contra la mujer ha sido una pandemia dentro de otra. Este no es un reporte sobre el aborto. Tampoco es uno sobre la maternidad. Es un reporte de lo que sucedió antes del embarazo: la falta de acceso a información y educación sexual; la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. Es un reporte sobre las conversaciones no sostenidas con sus parejas. Sobre las relaciones sexuales no consentidas y el abuso sexual. Sobre todos aquellos factores y normas sociales que propician una valoración desigual y discriminatoria sobre el rol y los derechos de las niñas y mujeres que no contribuyen a su autonomía corporal y capacidad de agencia. Y las lamentables consecuencias que afectan la vida de las niñas y las mujeres, de sus familias y sus comunidades. Principales hallazgos: La desigualdad de género y el estancamiento del desarrollo se traducen en altas tasas de embarazos no intencionales
A escala mundial, se estima que 257 millones de mujeres que quieren evitar un embarazo no están usando métodos anticonceptivos seguros y modernos, y en aquellos casos en los que existen datos disponibles, casi una cuarta parte de todas las mujeres no pueden oponerse a tener relaciones sexuales. En el contexto nacional, la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en Perú pasó de 53 % en el año 2015 al 55.0 % en el año 2020. Esta es una de las más bajas de la región. El uso de métodos anticonceptivos modernos es menor en las mujeres de las zonas rurales altoandinas (48.7 %), del quintil de ingresos más bajo (47.6 %) y en las mujeres indígenas (46.3 %). Otros factores clave que también contribuyen a los embarazos no intencionales son: ● La falta de información y servicios de salud sexual y reproductiva ● Opciones anticonceptivas inadecuadas para los cuerpos o circunstancias de las mujeres ● Normas perjudiciales y estigma alrededor del control por parte de las mujeres de su fecundidad y sus cuerpos ● La violencia sexual y la coerción reproductiva ● Actitudes prejuiciosas o humillación en los servicios de salud ● La pobreza y el estancamiento del desarrollo económico ● La desigualdad de género Todos estos factores reflejan la presión impuesta por las sociedades sobre las mujeres y las niñas para que se conviertan en madres. Un embarazo no intencional no necesariamente es un fracaso personal, y se puede deber a la falta de autonomía permitida por la sociedad o al valor que se da a las vidas de las mujeres. “Ha llegado el momento de visibilizar lo invisible. Tenemos que prestar atención a las opiniones de las mujeres, conocer mejor sus necesidades y reivindicar su igualdad en todos los ámbitos de sus vidas”, apuntó Harold Robinson, Director Regional de UNFPA para América Latina y el Caribe, en la presentación del informe. La responsabilidad de actuar El informe muestra la facilidad con la que los derechos más elementales de las mujeres y las niñas son relegados a un segundo plano en tiempos de paz y en medio de una guerra. Insta a los tomadores de decisiones y a los sistemas de salud a priorizar la prevención de los embarazos no intencionales por medio de acciones dirigidas a mejorar la accesibilidad, aceptabilidad, calidad y variedad de la anticoncepción, y a ampliar de manera considerable la información y los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. Urge a los encargados de formular políticas, líderes comunitarios y todas las personas a empoderar a las mujeres y las niñas de modo que puedan tomar decisiones afirmativas sobre las relaciones sexuales, la anticoncepción y la maternidad, aparte de fomentar sociedades que reconozcan el valor total de las mujeres y las niñas. Si lo hacen, las mujeres y las niñas podrán contribuir plenamente a la sociedad y contarán con las herramientas, la información y el poder para tomar esta decisión fundamental –la de tener hijos o no– por sí solas.
En el Perú, aproximadamente 2 de cada 3 embarazos de las adolescentes no fueron intencionales (ENDES, 2021). Casi la mitad de todos los embarazos en el mundo, un total de 121 millones, no son intencionales. Al poner en las manos de las mujeres y las niñas el poder de tomar la decisión fundamental de quedar o no embarazadas, no es una opción en absoluto, explica el informe El Estado de la Población Mundial 2022, publicado el día de hoy por el UNFPA, el organismo de las Naciones Unidas dedicado a la salud sexual y reproductiva. La realidad en Perú es similar. En los últimos cinco años, 52.1% de los nacimientos ocurridos no habían sido planeados en el momento de su concepción (ENDES 2020). Es decir, 1 de cada 2 nacimientos ocurridos no fueron intencionales. Este trascendental informe, “Visibilizar lo Invisible: La necesidad de actuar para poner fin a la crisis desatendida de los embarazos no intencionales”, advierte que esta crisis de derechos humanos tiene consecuencias profundas para las sociedades, las mujeres y las niñas y la salud mundial. Más del 60 por ciento de los embarazos no intencionales terminan en aborto, y se estima que el 45 por ciento de todos los abortos son inseguros y producen el 13 por ciento de todas las muertes maternas, una situación que tiene importantes repercusiones en la capacidad del mundo para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Este informe es un llamado de atención. La abrumadora cantidad de embarazos no intencionales representa un fracaso mundial en la defensa de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y las niñas”, afirma la Directora Ejecutiva del UNFPA, la Dra. Natalia Kanem. “Para las mujeres afectadas, la decisión reproductiva más trascendental de su vida –si quedarse o no embarazadas– no es una opción en absoluto. Al poner el poder de tomar esta decisión fundamental directamente en las manos de las mujeres y las niñas, las sociedades pueden garantizar que la maternidad sea una aspiración y no algo inevitable. Según los registros administrativos del Ministerio de Salud del Perú, el número de partos en niñas menores de 15 años aumentó de 1,158 a 1,438 entre 2020 y 2021. Adicionalmente, cerca de la mitad de partos ocurridos en las adolescentes de 15 años podrían haber sido concebidos cuando eran menores de 15 años. Es importante recalcar que el embarazo en una niña de 14 años o menos edad es -en todos los casos- consecuencia de una violación sexual, según lo establecido por el ordenamiento legal peruano. "Las niñas con menos recursos tienen cinco veces más posibilidades de quedar embarazadas; y ser madres profundiza esta situación, entrando así en un círculo vicioso de pobreza", declara Hugo González, Representante del UNFPA en Perú. Y, para seguir visibilizando lo invisible, en 2020 –durante la pandemia por la COVID -19– 24 niñas peruanas menores de 10 años se vieron forzadas a ser madres, según cifras preliminares del Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo del Ministerio de Salud en línea. La violencia contra la mujer ha sido una pandemia dentro de otra. Este no es un reporte sobre el aborto. Tampoco es uno sobre la maternidad. Es un reporte de lo que sucedió antes del embarazo: la falta de acceso a información y educación sexual; la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. Es un reporte sobre las conversaciones no sostenidas con sus parejas. Sobre las relaciones sexuales no consentidas y el abuso sexual. Sobre todos aquellos factores y normas sociales que propician una valoración desigual y discriminatoria sobre el rol y los derechos de las niñas y mujeres que no contribuyen a su autonomía corporal y capacidad de agencia. Y las lamentables consecuencias que afectan la vida de las niñas y las mujeres, de sus familias y sus comunidades. Principales hallazgos: La desigualdad de género y el estancamiento del desarrollo se traducen en altas tasas de embarazos no intencionales
A escala mundial, se estima que 257 millones de mujeres que quieren evitar un embarazo no están usando métodos anticonceptivos seguros y modernos, y en aquellos casos en los que existen datos disponibles, casi una cuarta parte de todas las mujeres no pueden oponerse a tener relaciones sexuales. En el contexto nacional, la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en Perú pasó de 53 % en el año 2015 al 55.0 % en el año 2020. Esta es una de las más bajas de la región. El uso de métodos anticonceptivos modernos es menor en las mujeres de las zonas rurales altoandinas (48.7 %), del quintil de ingresos más bajo (47.6 %) y en las mujeres indígenas (46.3 %). Otros factores clave que también contribuyen a los embarazos no intencionales son: ● La falta de información y servicios de salud sexual y reproductiva ● Opciones anticonceptivas inadecuadas para los cuerpos o circunstancias de las mujeres ● Normas perjudiciales y estigma alrededor del control por parte de las mujeres de su fecundidad y sus cuerpos ● La violencia sexual y la coerción reproductiva ● Actitudes prejuiciosas o humillación en los servicios de salud ● La pobreza y el estancamiento del desarrollo económico ● La desigualdad de género Todos estos factores reflejan la presión impuesta por las sociedades sobre las mujeres y las niñas para que se conviertan en madres. Un embarazo no intencional no necesariamente es un fracaso personal, y se puede deber a la falta de autonomía permitida por la sociedad o al valor que se da a las vidas de las mujeres. “Ha llegado el momento de visibilizar lo invisible. Tenemos que prestar atención a las opiniones de las mujeres, conocer mejor sus necesidades y reivindicar su igualdad en todos los ámbitos de sus vidas”, apuntó Harold Robinson, Director Regional de UNFPA para América Latina y el Caribe, en la presentación del informe. La responsabilidad de actuar El informe muestra la facilidad con la que los derechos más elementales de las mujeres y las niñas son relegados a un segundo plano en tiempos de paz y en medio de una guerra. Insta a los tomadores de decisiones y a los sistemas de salud a priorizar la prevención de los embarazos no intencionales por medio de acciones dirigidas a mejorar la accesibilidad, aceptabilidad, calidad y variedad de la anticoncepción, y a ampliar de manera considerable la información y los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. Urge a los encargados de formular políticas, líderes comunitarios y todas las personas a empoderar a las mujeres y las niñas de modo que puedan tomar decisiones afirmativas sobre las relaciones sexuales, la anticoncepción y la maternidad, aparte de fomentar sociedades que reconozcan el valor total de las mujeres y las niñas. Si lo hacen, las mujeres y las niñas podrán contribuir plenamente a la sociedad y contarán con las herramientas, la información y el poder para tomar esta decisión fundamental –la de tener hijos o no– por sí solas.
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Historia
18 marzo 2022
Blog: La cultura como herramienta de integración frente a la discriminación étnica y racial
Nuestro país está compuesto por un tejido social pluriétnico, en el cual se entrelazan las diversas comunidades originarias que lo componen, conformando el patrimonio vivo de nuestra nación. Esta diversidad cultural nos sigue heredando incontables manifestaciones artísticas tradicionales, expresiones patrimoniales de gran complejidad; conocimientos, saberes y memoria de nuestros antepasados, expresado en las diversas lenguas originarias que coexisten en nuestro territorio, acercándonos a los diferentes modos en que las peruanas y peruanos imaginan su bienestar y buen vivir. Este potencial creativo de nuestras comunidades nos permite establecer diálogos interculturales entre sus portadores, los cuales fortalecen la construcción de relaciones respetuosas y contribuyen a la consolidación de mutuos aprendizajes.
Lamentablemente, las desigualdades en nuestro país involucran directamente la discriminación étnico-racial y de género. Estas desigualdades también se manifiestan en términos económicos y limitan, entre otros aspectos, el empoderamiento cultural de las mujeres y el fomento de una educación basada en los conocimientos tradicionales. Esto involucra directamente el trabajo que vienen desarrollando portadores del patrimonio inmaterial y docentes bilingües, los cuales basados en sus saberes originarios formulan alternativas, recursos y rutas para hacer frente a dichas desigualdades.
Es por ello que la labor de la oficina UNESCO Perú en nuestro país está orientada a fomentar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales a través de la participación democrática de los grupos vulnerables y culturalmente diversos, apoyando la construcción de una ciudadanía que reconozca y respete esa diversidad. Los programas desarrollados en alianza con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación apuntan a fortalecer este proceso de integración, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Durante el año 2021, la oficina UNESCO Perú desarrolló el programa “Aprendiendo con el Patrimonio Inmaterial para el desarrollo sostenible en América Latina” el cual involucró la participación activa de docentes, cultores y arte educadores de diversas regiones de nuestro país, generando espacios de intercambio y recopilación de saberes basados en estrategias, recursos y reflexiones para la integración del Patrimonio Inmaterial y educación “formal y no formal”.
Las y los participantes, principalmente ciudadanas y ciudadanos portadores de las tradiciones ancestrales en sus comunidades, representaron diferentes ámbitos del patrimonio inmaterial presentes en nuestro país. Como parte de este proceso de aprendizaje colaborativo, se articularon 8 experiencias educativas basadas en el Patrimonio Inmaterial y Educación, de las cuales 4 de ellas tienen la participación de cultores y cultoras de saberes ancestrales en lenguas originarias.
Estos datos, sumados a los contenidos trabajados en el taller, aportan a la revaloración de la diversidad cultural y étnica a partir del potencial del patrimonio inmaterial y la diversidad lingüística en la que estas expresiones se manifiestan. Acompañar estos procesos de inclusión permiten repensar cómo nos educamos y cómo nos relacionamos, desde la perspectiva de una diversidad cultural hermosa y retadora.
Finalmente, fomentar la inclusión de nuestras comunidades originarias, basados en los saberes y la educación, hace viable nuestra diversidad cultural y nos permiten encarar los retos que envuelven la discriminación racial, de manera integral, segura y sostenible.
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Historia
16 marzo 2022
Young Peacebuilders - Jóvenes constructores y constructoras de paz
La Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC) se complace en anunciar el lanzamiento de la Convocatoria para la edición de 2022 de Young Peacebuilders, que tendrá lugar en Latinoamérica y el Caribe. La convocatoria está abierta a participantes de entre 18 y 25 años de edad, provenientes de la región, con interés en desarrollar sus capacidades para actuar como agentes de paz en su comunidad, región y a otros niveles; y en prevenir el extremismo violento a través del diálogo intercultural e interreligioso.
Veinte jóvenes serán seleccionados/as para participar en una experiencia de diálogo intercultural y de construcción de paz. Interactuarán en línea, a través de una serie de módulos facilitados; y en persona, en un taller con duración de una semana. Después de completar la capacitación en educación para la paz, los y las participantes actuarán como fuerza multiplicadora de las competencias adquiridas a través del programa, y participarán activamente en actividades de seguimiento a nivel comunitario. Al final del programa, se invitará a los y las participantes a un simposio para compartir su experiencia, logros y recomendaciones, con una audiencia más amplia de profesionales, Naciones Unidas, legisladores, medios de comunicación y sociedad civil; dando visibilidad a sus iniciativas para la promoción de la diversidad y el diálogo.
Implementado con el generoso apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), y en colaboración con la United Network of Young Peacebuilders (UNOY), el programa apoya el desarrollo de redes de jóvenes constructores de paz equipados con herramientas para abordar los estereotipos negativos, los prejuicios y la polarización, para construir sociedades más inclusivas y pacíficas, abordando los factores que impulsan al extremismo violento. El objetivo a largo plazo es su integración en los procesos y políticas de paz gubernamentales, formando parte de la programación educativa para jóvenes de UNAOC que busca mejorar la capacidad de la juventud y de sus organizaciones para fomentar el respeto mutuo, la comprensión y las relaciones positivas a largo plazo entre personas de diferentes culturas y religiones.
Más detalles sobre el programa y los criterios de selección disponibles aquí. Para postularte, haz clic aquí.
Postúlate para la 5ª edición del programa Young Peacebuilders de UNAOC
Mira el video (en inglés)
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Historia
11 marzo 2022
Blog: Migración y el desafío de la continuidad educativa
Migrar conlleva cambios y desafíos a los que niños, niñas y adolescentes (NNA) no son ajenos, pues entre otras cosas, se ven obligados a interrumpir sus estudios y acompañar a sus familiares en la búsqueda de un futuro mejor. En el año 2021, el Ministerio de Educación presentó datos que indicaban que el 66.7% (106 mil) del total de extranjeros matriculados en el sistema educativo peruano eran venezolanos y que la gran mayoría estudiaba en una escuela de gestión pública.
La labor de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es entonces sustancial para asegurar el acceso de refugiados y migrantes a los sistemas educativos, considerando también a las comunidades de acogida. Fortalecer los procesos de integración también es vital, pues en comunidades integradas la discriminación y xenofobia disminuyen significativamente, creando un espacio seguro para el aprendizaje y el desarrollo socioemocional de cada individuo.
El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la educación. Además, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 28, decreta que es obligación del Estado asegurar la educación primaria gratuita y que ningún niño puede ser excluido por su estatus migratorio. En el Perú, la OIM trabaja con el Gobierno central, ministerios, municipios, agencias de Naciones Unidas, sociedad civil y otros socios para facilitar que los NNA tengan acceso a la educación en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Educación de Calidad.
La pandemia del COVID-19 obligó al Estado peruano a adoptar medidas en materia de educación que priorizaran métodos de clases no presenciales. Sin embargo, la gran mayoría de la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela carece de condiciones mínimas para cubrir las exigencias que esta nueva modalidad demanda, como contar con un dispositivo inteligente o conexión a Internet. Por esta razón, durante 2021, se entregaron más de 3000 kits de útiles escolares, kits con tabletas inteligentes y tabletas individuales con contenido de “Aprendo en Casa”, para apoyar al gobierno peruano en su respuesta a las necesidades de la comunidad educativa.
En coordinación con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y las Unidades de Gestión Educativa Local 01, 02, 03 y 04 se identificaron estudiantes venezolanos y peruanos en condición de vulnerabilidad. Se entregaron 721 kits de útiles escolares con tabletas, 1000 tabletas individuales y 1500 kits de útiles escolares en Tumbes, Piura, Lima y Tacna.
Para este año, en el que se espera el retorno a las clases presenciales, se ha planificado rehabilitar espacios higiénicos como baños y lavatorios para prevenir los contagios por COVID-19, en 15 colegios de Lima Metropolitana, Tumbes y Tacna con una matrícula significativa de NNA refugiados y migrantes y tomando en cuenta que en Lima reside el 75% de la población venezolana[1] y que Tumbes y Tacna son puntos de frontera por el norte y sur del país, respectivamente. Adicionalmente, se capacitarán a 300 actores clave del sector para que puedan dirigir talleres a adolescentes de 3° y 4° de secundaria con la finalidad de prevenir la discriminación y xenofobia en espacios escolares. Estas acciones serán complementadas con campañas comunicacionales dirigidas a padres de familia para seguir trabajando y reforzando la temática.
Adicionalmente, las acciones emprendidas por la OIM esperan contribuir a reducir las desigualdades por origen o nacionalidad, según el ODS 10, con el objetivo de contribuir a la integración y aportar hacia el desarrollo. De la misma manera, las acciones están alineadas con el objetivo 15 del Pacto Mundial para la Migración, el cual busca que los migrantes tengan acceso a los servicios básicos, entre los cuales se encuentra proporcionar educación inclusiva y equitativa de calidad a los niños, niñas y jóvenes migrantes, facilitando el acceso a los sistemas educativos sin discriminación.
[1] R4V RMRP 2022: https://www.r4v.info/sites/default/files/2021-12/2%20Pager%202022%20%28ESP%29%20PERU.pdf
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Historia
01 marzo 2022
Blog: Cosechando un destino sostenible en el Perú
Llegar a la finca familiar de Noemí Amaya es conocer lo que puede ser la vida en el desierto peruano: árida y retadora, pero también esperanzadora. Y es que donde no hay acceso al agua potable, muchas familias están logrando un milagro agropecuario al pintar de verde el desierto de Sechura, gracias al agua subterránea y a la adopción de tecnología de riego para optimizar su uso. En el pasado, cultivar aquí era difícil porque Noemí y las otras familias no tenían las técnicas, ni las semillas adecuadas. No había agua para irrigación, así que la traían con el pago de camiones cisterna, un servicio costoso para estas familias.
Noemí es un ejemplo inspirador para su distrito, Rinconada Llicuar, pues además de liderar su emprendimiento agrario sostenible de 4.8 hectáreas, colabora como agente comunitaria brindando orientación a la población para mejorar sus hábitos de nutrición y para fortalecer su salud, combatiendo al mismo tiempo la anemia y desnutrición crónica infantil.
De familia numerosa y trabajadora, Noemí manifiesta estar comprometida en fomentar la distribución equitativa del cuidado en las tareas del hogar y del campo: “Mis hermanos vienen bien temprano para dar su comida a los animalitos. Empiezan a las cinco y media de la mañana, y luego viene mi papá a la parcela y entre unos y otras coordinamos el trabajo. Un día, por ejemplo, decimos ´vamos a deshierbar´, y otros días echamos el humus. Cualquiera viene con la comida, el piqueo, comemos, y luego nos ponemos a recoger frejol de palo. Participamos por igual”.
En la finca próspera de la familia Amaya, cada año se siembran hortalizas como cebolla, pimiento y col, y también se produce maracuyá, limón, papaya, guanábana, guayaba, lima, mamey, hierba luisa, mango ciruelo y camote, entre otros alimentos que son cultivados usando técnicas agroecológicas como el compostaje.
Una parte de la cosecha se queda en casa para preparar jugos y ensaladas, comenta Noemí, mientras la otra la colocan sobre una mesa y la venden a quienes pasen por la carretera frente a su casa. “Eso ha mejorado un poco nuestra calidad de vida, porque con el ingreso que obtenemos podemos comprar pescado y carne que son necesarios para alimentarnos bien”, señala Noemí, quien también vende sus productos a las comunidades en las ferias agroecológicas “Cómprale a Sechura”, las cuales impulsa el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) junto a municipios locales en la provincia.
Noemí está agradecida porque ella y su familia manejen un pozo, un tanque y una motobomba, pero antes del proyecto la situación era diferente. Sembraban muy poco porque tenían que regar el huerto por gravedad, y así consumían mucha agua que además era escasa, explicó. “Hoy podemos afrontar la sequía. Además, ahorramos y elegimos cultivos que consuman menos agua”, cuenta esta orgullosa agricultora. En ese sentido, las familias tienen a un representante dentro de las juntas de regantes, que son organizaciones comunitarias que tradicionalmente gestionan el manejo del agua. Noemí representante de su familia ante la junta de su comunidad.
Estas mejoras en el campo han sido posibles con el apoyo y la asistencia técnica del Proyecto PROSAN, que opera el WFP Perú en la provincia piurana de Sechura, gracias a una alianza con el Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar (FOSPIBAY). En este territorio se han habilitado hasta el momento cerca de 250 módulos productivos agroecológicos, cuyas familias participantes han sido seleccionadas conjuntamente por el proyecto y la autoridad local. Así, un futuro sostenible se construye con resiliencia y equidad.
Sobre el proyecto
Un futuro sostenible solo es posible cuando las mujeres, como Noemí, participan activamente en las soluciones frente a la crisis climática. Las mujeres y las niñas se ven afectadas desproporcionalmente por los eventos relacionados con el clima. Por ello, WFP apoya a las mujeres a reforzar su resiliencia frente a los desastres relacionados con el clima.
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Comunicado de prensa
29 abril 2022
Seguridad de los periodistas en el Día Mundial de la Libertad de Prensa
Punta del Este, Uruguay - 3 de mayo de 2022 - Hoy, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, queremos recordar la importancia primordial de asegurar que los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación puedan trabajar con libertad, independencia y seguridad, sin obstáculos, amenazas o represalias violentas. Cada día se nos recuerda lo vital que es la información que proporcionan para la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, el desarrollo sostenible y la preservación de la paz y la seguridad internacionales.
Nuestros respectivos órganos han adoptado múltiples resoluciones, declaraciones y compromisos sobre la seguridad de los periodistas, incluyendo la resolución de la Asamblea General de la ONU de 2021 sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad (A/RES/76/173), la resolución del Consejo de Derechos Humanos de 2020 sobre la seguridad de los periodistas (A/HRC/RES/45/18), y la Declaración de Windhoek+30 de 2021 sobre la información como bien público (Resolución 41C.41 de la Conferencia General de la UNESCO). Además, el sistema de la ONU en su conjunto desarrolló un marco de coordinación de múltiples partes interesadas conocido como el Plan de Acción de la ONU sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, adoptado por los máximos responsables de la ONU en 2012.
Al conmemorarse este año el 10º aniversario del Plan de Acción de la ONU, acogemos con beneplácito los considerables avances logrados en la última década en la aplicación del Plan. Aplaudimos a los gobiernos que han hecho de la seguridad de los periodistas una prioridad, dentro y fuera de sus fronteras, y destacamos la importante contribución de las organizaciones de la sociedad civil que se han comprometido a promover la libertad y la seguridad de los medios de comunicación. Sin embargo, persisten demasiados retos, como los altos niveles de impunidad de los delitos contra los periodistas, el aumento del número de periodistas detenidos y el incremento del acoso judicial contra ellos, la violencia en línea, el uso de herramientas de vigilancia para obstaculizar el trabajo de los periodistas, el aumento de los ataques contra las mujeres periodistas y el incremento de los asesinatos en entornos no conflictivos.
Mientras nos embarcamos en la última década para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, es importante recordar la contribución de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información a todos los demás derechos, como la educación de calidad, la erradicación de la pobreza y el acceso a la justicia y al cuidado de la salud.
Por este motivo, con la mirada puesta en otros 10 años de progreso en la defensa de la seguridad de los periodistas, la libertad de expresión y el acceso a la información para todos, hacemos un llamamiento a los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas, los organismos regionales, la sociedad civil, el poder judicial y todos los actores implicados para que unan sus fuerzas en la promoción de los objetivos del Plan de Acción de las Naciones Unidas. Trabajando juntos para reforzar su aplicación y para alcanzar la meta 16.10 de los ODS, podemos seguir construyendo un entorno más seguro y propicio para los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y proteger el derecho de cada ciudadano a una información fiable y, muchas veces, vital.
S.E. Sr. Abdulla Shahid, Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas
S.E. Sr. Santiago Irazabal Mourão, Presidente de la Conferencia General de la UNESCO
S.E. Sr. Federico Villegas, Presidente del Consejo de Derechos Humanos
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Comunicado de prensa
22 abril 2022
Ante los casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes
El Sistema de las Naciones Unidas en el Perú ante los casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes
1. Lamentamos y condenamos los casos de abuso sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes, cuyas devastadoras consecuencias son duraderas para toda la vida, y nos solidarizamos con las víctimas y sus familias en sus demandas por justicia.
2. En el Perú, cada día 16 niñas y adolescentes mujeres son víctimas de abuso sexual. Entre el 2020 y 2021, los casos de maternidad adolescente entre menores de 15 años se incrementaron de 1,158 a 1,438. Consideramos que esta preocupante situación requiere de una respuesta integral.
3. La Alta Comisionada de los Derechos Humanos ha manifestado, con relación a la castración química y otras medidas similares, que es más efectivo combatir la impunidad para estos crímenes que incrementar la severidad del castigo. Es necesario brindar seguridad en el acceso a la justicia y asegurar la ejecución de las penas existentes. Los castigos que se impongan a los agresores no deben colocarnos en riesgo de cometer otras violaciones a los derechos humanos.
4. Consideramos que las respuestas integrales deben tener como punto de partida la prevención. En ese sentido, urge implementar la política multisectorial de prevención de violencia contra niños, niñas y adolescentes y el fortalecimiento del monitoreo de casos de violencia; incorporar la educación sexual en el sistema educativo nacional; mejorar el acceso a servicios de salud mental y salud sexual y reproductiva; fortalecer a los operadores de justicia, los mecanismos e instituciones que brinden garantías para incentivar las denuncias libres de revictimización; mejorar el acceso a la justicia para eliminar la impunidad de los delitos, imponer los castigos correspondientes y agilizar los procesos; e implementar las medidas de protección establecidas en la Ley 30901 y otras normas. 5. Finalmente, reiteramos el compromiso y disposición de las Naciones Unidas para apoyar a las instituciones del Estado peruano en sus esfuerzos para eliminar estos delitos y propiciar una sociedad más igualitaria que nos plantean la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lima, 21 de abril de 2022
4. Consideramos que las respuestas integrales deben tener como punto de partida la prevención. En ese sentido, urge implementar la política multisectorial de prevención de violencia contra niños, niñas y adolescentes y el fortalecimiento del monitoreo de casos de violencia; incorporar la educación sexual en el sistema educativo nacional; mejorar el acceso a servicios de salud mental y salud sexual y reproductiva; fortalecer a los operadores de justicia, los mecanismos e instituciones que brinden garantías para incentivar las denuncias libres de revictimización; mejorar el acceso a la justicia para eliminar la impunidad de los delitos, imponer los castigos correspondientes y agilizar los procesos; e implementar las medidas de protección establecidas en la Ley 30901 y otras normas. 5. Finalmente, reiteramos el compromiso y disposición de las Naciones Unidas para apoyar a las instituciones del Estado peruano en sus esfuerzos para eliminar estos delitos y propiciar una sociedad más igualitaria que nos plantean la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lima, 21 de abril de 2022
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Comunicado de prensa
11 abril 2022
ONU: La “gran división en el financiamiento” en medio de la COVID-19 implica un importante retroceso para el desarrollo sostenible
NUEVA YORK, 12 de abril–El elevado costo de financiar la deuda ha paralizado la recuperación de la pandemia de la COVID-19, forzado recortes en gasto destinado al desarrollo y limitado la capacidad de responder a choques futuros en muchos países en desarrollo, de acuerdo con el nuevo reporte lanzado hoy por las Naciones Unidas.
El Informe para el Desarrollo Sostenible 2022: Cerrando la Gran División en el Financiamiento señala que mientras que los países ricos fueron capaces de apoyar la recuperación de la pandemia con cantidades récord de recursos conseguidos a tasas de interés muy bajas, los países más pobres gastaron miles de millones en el servicio de la deuda, lo que impidió que hicieran inversiones para el desarrollo sostenible.
La pandemia llevó a 77 millones de personas adicionales a la pobreza extrema en 2021, y a finales del año, muchas economías permanecían en niveles inferiores a los del 2019. El informe estima que el PIB per cápita de 1 de cada 5 países en desarrollo no alcanzará los niveles observados en el 2019 hacia finales del 2023, aun sin tomar en cuenta los impactos de la guerra en Ucrania.
“A medida que nos acercamos al punto medio de financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los resultados son alarmantes”, dijo la Vicesecretaria General de la ONU, Amina Mohammed. “No hay excusa para no actuar en este momento decisivo de responsabilidad colectiva, para asegurar que cientos de millones de personas salgan del hambre y la pobreza. Debemos invertir en el acceso a trabajos decentes y verdes, protección social, salud y educación sin dejar a nadie atrás”.
Cerrando la Gran División en el Financiamiento menciona que, en promedio, los países en desarrollo más pobres pagan 14 por ciento de sus ingresos en intereses asociados a su deuda, casi 4 veces más que los países desarrollados, los cuales pagan 3.5 por ciento. A nivel global, muchos países en desarrollo se vieron forzados de hacer recortes en presupuestos destinados a la educación, infraestructura y otros gastos en capital como resultado de la pandemia. La guerra en Ucrania empeorará estos desafíos y traerá consigo otros adicionales, con costos mayores de energía y de materias primas, obstáculos a la cadena de suministro, presiones inflacionarias más altas acompañadas de crecimiento económico más bajo y una mayor volatilidad en los mercados financieros.
Para muchos países en desarrollo, la guerra llevará a mayores problemas de sobreendeudamiento y hambre. Antes de la guerra, las brechas en la recuperación de la pandemia ya se habían ampliado, en donde los países en desarrollo, en promedio, contaban únicamente con 24 dosis de la vacuna contra la COVID-19 por cada 100 personas, en contraste a casi 150 dosis por cada 100 personas en países desarrollados. Insólitamente, en 2021, 70 por ciento de los niños y niñas de 10 años en países en desarrollo eran incapaces de leer un texto básico, lo que significa un incremento de 17 por ciento respecto a 2019. Aunado a que los precios de los alimentos se encuentran en el 2022 en su nivel más alto en una década, la ONU teme que el conflicto en Ucrania empeore drásticamente el panorama económico para muchos países.
Sin embargo, la tasa de recuperación pospandemia en los países desarrollados apunta a la posibilidad de mayores inversiones.
“El mundo desarrollado probó en los últimos dos años que se puede sacar de la pobreza a millones de personas con el tipo correcto de inversiones –en infraestructura limpia y resiliente, protección social o servicios públicos”, dijo Liu Zhenmin, jefe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, el cual elaboró el informe. “La comunidad internacional debe construir sobre ese progreso y conseguir que los países en desarrollo puedan invertir a un nivel similar, continuando los esfuerzos de reducción de la desigualdad y asegurando una transición energética sostenible ”.
El informe indica que hubo progreso en materia de reducción de la pobreza, protección social e inversión en desarrollo sostenible en 2021, impulsado por acciones en países desarrollados y algunos países en desarrollo con economías grandes, incluyendo $17 billones en gastos de emergencia contra la COVID-19. El desempeño positivo incluye:
Mayor presupuesto para investigación y desarrollo, energía verde y tecnología digital, por ejemplo, en el plan de recuperación Next Generation EU de la Unión Europea y el Infrastructure Investment and Jobs Act de los Estados Unidos de América.
Recuperación de la inversión privada en 2021 – con China y EE.UU. sumando más del 50 por ciento de la mejora.
Duplicación de la inversión sostenible a más de $1 billón, con un crecimiento de fondos de temática sostenible de un 62 por ciento, respecto a 2020.
Fondos de capital privado e inversiones en venture capital en países en desarrollo alcanzaron un valor récord de $230 mil millones (comparado a $150 mil millones en 2020).
El informe también muestra cifras récord de crecimiento de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA, por sus siglas en inglés), la cual alcanzó en el 2020 el nivel más alto que se haya observado, cuando ascendió a $161.2 miles de millones. No obstante, 13 países recortaron la ODA, y su magnitud continúa siendo insuficiente para las vastas necesidades de los países en desarrollo. La ONU teme que las secuelas de la guerra en Ucrania, por generar un mayor gasto en refugiados en Europa, puedan significar recortes a las ayudas destinadas a los países más pobres. De frente a la crisis global, se requieren acciones en el corto plazo y apoyo adicional por parte de la comunidad internacional para prevenir crisis de deuda y para manejar el alto costo de endeudamiento.
Sin embargo, la gran mayoría de países en desarrollo necesitarán apoyo activo y urgente para retormar el camino hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El informe estima que en los países más pobres se requerirá un incremento de 20 por ciento en el gasto para sectores clave.
Cerrando la Gran División en el Financiamiento recomienda acciones en tres áreas:
Las brechas de financiamiento y los riesgos de sobreendeudamiento tienen que ser urgentemente abordados. Por ejemplo, acelerar los alivios a la deuda y la expansión a los países de ingreso medio altamente endeudados, acuerdos sobre swaps de deuda y la reasignación de $100 mil millones de derechos especiales de giro no utilizados a países que los necesitan. Los países pueden afianzar el financiamiento estable, asequible y de largo plazo a través del fortalecimiento del sistema de bancos públicos de desarrollo dotándolo de mayores capacidades y apoyando a instituciones nacionales.
Todos los flujos de financiamiento deben estar alineados con el financiamiento sostenible. Por ejemplo, el sistema de tributación internacional debe reflejar el dinamismo de la economía global y permitir una gobernanza justa de impuestos, al igual que acciones de política en comercio e inversiones que puedan abordar la desigualdad en vacunas y mejorar el acceso a productos médicos, mientras que estándares consistentes a nivel global de sostenibilidad corporativa son necesarios tanto para compañías privadas, como para las transadas en el mercado público. Los altos precios actuales de los combustibles fósiles dan una nueva oportunidad a los países para acelerar las inversiones encaminadas a una transición energética sostenible.
El incremento de la transparencia y un sistema más completo de información mejorará la capacidad de los países para gestionar riesgos y manejar adecuadamente recursos. Por ejemplo, combatir flujos financieros ilícitos con un mejor intercambio y uso de la información tributaria, incrementando la transparencia de los datos de deuda y desarrollando calificaciones de largo plazo de riesgo soberano.
- FIN –
Notas de los Editores:
El informe es un producto conjunto del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Financiamiento para el Desarrollo, el cual está compuesto por más de 60 agencias de de Naciones Unidas y organizaciones internacionales. La Oficina de Financiamiento para el Desarrollo Sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidas actúa como editor sustantivo y coordinador del Grupo de Trabajo, en estrecha cooperación el Grupo Banco Mundial, el FMI, la OMC, la UNCTAD y el PNUD. El Grupo de Trabajo recibió el mandato en la Agenda de Acción de Addis Abeba y está presidido por el Sr. Liu Zhenmin, Secretario General Adjunto para Asuntos Económicos y Sociales. La copia completa del informe y su anexo se publicarán en: https://developmentfinance.un.org/fsdr2022
Este informe es la base para las discusiones de seguimiento que se dan en el Foro de ECOSOC sobre el Financiamiento para el Desarrollo, en el que los Estados Miembros acuerdan las medidas necesarias para movilizar los recursos para el financiamiento sostenible. El informe también nutre la Feria de Inversión ODS, la cual reúne a funcionarios gubernamentales e inversionistas.
El informe cubre, entre otras, las áreas de contexto económico global, comercio, deuda, sector privado y finanzas, tecnología, y cooperación internacional para el desarrollo.
***
Para más información o para solicitar entrevistas con nuestros expertos, por favor contactar a:
Rita Ann Wallace, UN DESA | Móvil: +1 516 707 5570 | rita.wallace@un.org
Sarah DeCuir, UN DESA | Teléfono: +1 917 367 9272 | sarah.decuir@un.org
Sharon Birch, UN Department of Global Communications | birchs@un.org
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Comunicado de prensa
10 marzo 2022
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes presenta Informe 2021
Lima, 10 de marzo, 2022 – La Presidenta de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE por sus siglas en español), Jagjit Pavadia, presentó hoy en Viena el Informe 2021 que se enfoca este año en los flujos financieros ilícitos, en sus vínculos con el tráfico de drogas y en sus efectos más amplios en la sociedad.
Jagjit Pavadia resaltó la importancia del enfoque del informe señalando que los grupos delictivos organizados dependen de los flujos financieros ilícitos para ampliar y mantener sus actividades delictivas, promoviendo el soborno, la delincuencia, la corrupción y la desigualdad, además de generar inestabilidad política y social.
En ese sentido, el informe aborda también las repercusiones de los flujos financieros ilícitos en los países en desarrollo y en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, el documento plantea la incidencia de las nuevas tecnologías que facilitan a los grupos delictivos organizados el blanqueo de dinero con el consecuente incremento de sus ganancias.
En el informe anual se reflexiona sobre el papel que desempeña el Internet- en especial la dark web- y las redes sociales en la venta y comercio electrónico de drogas y sustancias peligrosas.
En ese contexto, el Informe 2021 de la JIFE concluye con 32 recomendaciones, entre las que destacan la necesidad de aprobar leyes de transparencia más eficaces en las que se prevean sanciones adecuadas; intensificar aún más las medidas contra el blanqueo de dinero; prestar atención a las estrategias de reducción de la oferta y la demanda de drogas; colaborar con los sectores privado y no gubernamental y con los líderes para concienciar sobre el vínculo entre los flujos financieros ilícitos y el tráfico de drogas y sobre sus repercusiones negativas en la estabilidad y el desarrollo; tomar medidas encaminadas a prevenir la explotación de nuevos servicios y productos financieros -como la billetera electrónica y las monedas digitales- para el tráfico de sustancias peligrosas.
Los datos del Informe muestran que los países con altos niveles de tráfico de drogas también presentan altos niveles de inestabilidad, violencia y delincuencia. Para hacer frente a esos efectos negativos y al costo humano, la JIFE hace un llamamiento a los Gobiernos para que combatan todas las fases del tráfico
de drogas, desde el cultivo y la producción hasta la venta y ocultamiento de los beneficios financieros ilícitos. PRESENTACIÓN EN EL PERÚ En el Perú la presentación del Informe 2021 de la JIFE estuvo a cargo de dos miembros de la Junta, Alberto Otárola (Perú) y César Arce (Paraguay) en un evento que contó con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). El evento híbrido se desarrolló entre la ciudad de Lima y seis países de la región: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. En sus palabras de apertura, Antonino De Leo, Representante de la UNODC para Perú y Ecuador, recalcó la imparcialidad del informe. “La JIFE trata de detectar y prever tendencias peligrosas y sugiere las medidas que sería necesario adoptar. Desde la UNODC, consideramos que estos informes anuales son una ocasión importante para que la comunidad internacional pueda reflexionar y actuar conjuntamente para abordar los desafíos y los retos que presenta el problema mundial de las drogas y avanzar hacia la Agenda 2030 de desarrollo sostenible” Pierre Lapaque, Director de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, hizo hincapié en la Estrategia 2022-2025 de la Oficina, presentado el mes pasado, como un elemento articulador en los esfuerzos regionales por luchar contra este flagelo. “En los tres países con cultivos de coca en la región, la demanda de sustancias químicas crece continuamente y los métodos de procesamiento de cocaína siguen empleando las mismas sustancias. "Para lograr mejores resultados frente a las dinámicas del narcotráfico es necesario desarrollar nuevas metodologías para su abordaje, basadas en estudios de carácter técnico-científico", señaló Entre los aspectos más destacados del informe 2021 de la JIFE en relación con América del Sur, se señala que se incautaron mayores cantidades de cocaína y precursores; asimismo, el número de rutas y redes utilizadas por los traficantes aumentó a pesar de las restricciones debidas a la COVID-19. La superficie dedicada al cultivo de arbusto de coca sigue disminuyendo en Colombia, pero el Estado Plurinacional de Bolivia y el Perú notificaron aumentos. El informe señala también que en la región varios gobiernos se preparan para establecer industrias del cannabis y que ha habido un aumento de las drogas, similares al éxtasis, así como de nuevas sustancias psicoactivas. Ambos especialistas coincidieron en señalar que la JIFE mantiene la determinación de seguir dando apoyo a los Estados Miembros en la aplicación de los tratados de fiscalización de drogas y enfatizaron en la necesidad de actuar de manera colectiva dado que los flujos financieros ilícitos no reconocen fronteras ni nacionalidades. A través de una detallada exposición del Informe, Alberto Otárola dividió la presentación en cuatro ejes: flujos financieros ilícitos relacionados con el tráfico de drogas y sus repercusiones en el desarrollo y la seguridad; funcionamiento del sistema de fiscalización internacional de drogas; cuestiones mundiales y análisis regionales y, finalmente, las recomendaciones. “Por novena vez en los últimos 13 años, el mundo se volvió menos pacífico, con un deterioro del nivel medio de paz de los países del 0,07 % ese año. El narcotráfico ha incidido en esta situación”, señaló. Por su parte, César Arce, desde Paraguay, destacó la relación entre drogas y corrupción. “No hay nada que debilite más los esfuerzos encaminados a frenar el comercio de drogas ilícitas que los intentos fructíferos de las organizaciones delictivas de intimidar y sobornar a los funcionarios públicos”, dijo. “El Gobierno reconoce la necesidad de implementar estrategias sostenibles para el control de la oferta de los cultivos ilícitos, para la producción de estupefacientes en el marco de una experiencia que hemos adoptado en el país, desde hace algunos años. La experiencia de los programas de desarrollo alternativo, integral y sostenible constituyen un eje fundamental de nuestro escenario”, aseveró Ricardo Soberón, Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). Luisa Fernández, Coordinadora Regional del Programa del Manejo Seguro y Eliminación de Drogas Incautadas y Precursores de la UNODC centró su reflexión en la post incautación. Felicitamos el esfuerzo de la incautación, pero debemos centrarnos en las etapas posteriores para reducir el riesgo de que estas sustancias puedan ser reintegradas al mercado ilícito”, señaló Las conclusiones estuvieron a cargo del Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, César Landa, quien calificó de “fundamental” la asistencia técnica que brinda la UNODC y destacó el compromiso del país ante los instrumentos internacionales de los cuales es signatario. “Tomamos nota de las recomendaciones, de la JIFE, reafirmando nuestro compromiso firme e inquebrantable en la lucha contra el flagelo de las drogas” _____________________________________ Información para editores: La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es el órgano independiente de vigilancia de la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas de las Naciones Unidas. Fue establecida en 1968 con arreglo a lo dispuesto en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. Sus predecesores, establecidos en virtud de anteriores tratados de fiscalización de drogas, se remontan a la época de la Sociedad de las Naciones. Sobre la base de sus actividades, la JIFE publica un informe anual que se presenta al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas por conducto de la Comisión de Estupefacientes. El informe contiene un estudio amplio de la situación de la fiscalización de drogas en diversas partes del mundo. Al ser un órgano imparcial, la JIFE trata de detectar y prever tendencias peligrosas y sugiere las medidas que debieran adoptarse. Website: https://www.incb.org/ - https://www.incb.org/incb/es/about.html
de drogas, desde el cultivo y la producción hasta la venta y ocultamiento de los beneficios financieros ilícitos. PRESENTACIÓN EN EL PERÚ En el Perú la presentación del Informe 2021 de la JIFE estuvo a cargo de dos miembros de la Junta, Alberto Otárola (Perú) y César Arce (Paraguay) en un evento que contó con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). El evento híbrido se desarrolló entre la ciudad de Lima y seis países de la región: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. En sus palabras de apertura, Antonino De Leo, Representante de la UNODC para Perú y Ecuador, recalcó la imparcialidad del informe. “La JIFE trata de detectar y prever tendencias peligrosas y sugiere las medidas que sería necesario adoptar. Desde la UNODC, consideramos que estos informes anuales son una ocasión importante para que la comunidad internacional pueda reflexionar y actuar conjuntamente para abordar los desafíos y los retos que presenta el problema mundial de las drogas y avanzar hacia la Agenda 2030 de desarrollo sostenible” Pierre Lapaque, Director de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, hizo hincapié en la Estrategia 2022-2025 de la Oficina, presentado el mes pasado, como un elemento articulador en los esfuerzos regionales por luchar contra este flagelo. “En los tres países con cultivos de coca en la región, la demanda de sustancias químicas crece continuamente y los métodos de procesamiento de cocaína siguen empleando las mismas sustancias. "Para lograr mejores resultados frente a las dinámicas del narcotráfico es necesario desarrollar nuevas metodologías para su abordaje, basadas en estudios de carácter técnico-científico", señaló Entre los aspectos más destacados del informe 2021 de la JIFE en relación con América del Sur, se señala que se incautaron mayores cantidades de cocaína y precursores; asimismo, el número de rutas y redes utilizadas por los traficantes aumentó a pesar de las restricciones debidas a la COVID-19. La superficie dedicada al cultivo de arbusto de coca sigue disminuyendo en Colombia, pero el Estado Plurinacional de Bolivia y el Perú notificaron aumentos. El informe señala también que en la región varios gobiernos se preparan para establecer industrias del cannabis y que ha habido un aumento de las drogas, similares al éxtasis, así como de nuevas sustancias psicoactivas. Ambos especialistas coincidieron en señalar que la JIFE mantiene la determinación de seguir dando apoyo a los Estados Miembros en la aplicación de los tratados de fiscalización de drogas y enfatizaron en la necesidad de actuar de manera colectiva dado que los flujos financieros ilícitos no reconocen fronteras ni nacionalidades. A través de una detallada exposición del Informe, Alberto Otárola dividió la presentación en cuatro ejes: flujos financieros ilícitos relacionados con el tráfico de drogas y sus repercusiones en el desarrollo y la seguridad; funcionamiento del sistema de fiscalización internacional de drogas; cuestiones mundiales y análisis regionales y, finalmente, las recomendaciones. “Por novena vez en los últimos 13 años, el mundo se volvió menos pacífico, con un deterioro del nivel medio de paz de los países del 0,07 % ese año. El narcotráfico ha incidido en esta situación”, señaló. Por su parte, César Arce, desde Paraguay, destacó la relación entre drogas y corrupción. “No hay nada que debilite más los esfuerzos encaminados a frenar el comercio de drogas ilícitas que los intentos fructíferos de las organizaciones delictivas de intimidar y sobornar a los funcionarios públicos”, dijo. “El Gobierno reconoce la necesidad de implementar estrategias sostenibles para el control de la oferta de los cultivos ilícitos, para la producción de estupefacientes en el marco de una experiencia que hemos adoptado en el país, desde hace algunos años. La experiencia de los programas de desarrollo alternativo, integral y sostenible constituyen un eje fundamental de nuestro escenario”, aseveró Ricardo Soberón, Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). Luisa Fernández, Coordinadora Regional del Programa del Manejo Seguro y Eliminación de Drogas Incautadas y Precursores de la UNODC centró su reflexión en la post incautación. Felicitamos el esfuerzo de la incautación, pero debemos centrarnos en las etapas posteriores para reducir el riesgo de que estas sustancias puedan ser reintegradas al mercado ilícito”, señaló Las conclusiones estuvieron a cargo del Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, César Landa, quien calificó de “fundamental” la asistencia técnica que brinda la UNODC y destacó el compromiso del país ante los instrumentos internacionales de los cuales es signatario. “Tomamos nota de las recomendaciones, de la JIFE, reafirmando nuestro compromiso firme e inquebrantable en la lucha contra el flagelo de las drogas” _____________________________________ Información para editores: La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es el órgano independiente de vigilancia de la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas de las Naciones Unidas. Fue establecida en 1968 con arreglo a lo dispuesto en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. Sus predecesores, establecidos en virtud de anteriores tratados de fiscalización de drogas, se remontan a la época de la Sociedad de las Naciones. Sobre la base de sus actividades, la JIFE publica un informe anual que se presenta al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas por conducto de la Comisión de Estupefacientes. El informe contiene un estudio amplio de la situación de la fiscalización de drogas en diversas partes del mundo. Al ser un órgano imparcial, la JIFE trata de detectar y prever tendencias peligrosas y sugiere las medidas que debieran adoptarse. Website: https://www.incb.org/ - https://www.incb.org/incb/es/about.html
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Comunicado de prensa
02 marzo 2022
El Secretario General tras la votación sobre Ucrania en la Asamblea General
Damas y caballeros de los medios de comunicación,
La Asamblea General ha hablado.
Como secretario general, es mi deber apoyar esta resolución y guiarme por su llamado.
El mensaje de la Asamblea General es alto y claro:
Poner fin a las hostilidades en Ucrania, ahora.
Silenciar las armas, ahora.
Abrir la puerta al diálogo y la diplomacia, ahora.
La integridad territorial y la soberanía de Ucrania deben respetarse de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
No tenemos un momento que perder.
Los efectos brutales del conflicto son evidentes.
Pero a pesar de lo mala que es la situación para la gente en Ucrania en este momento, amenaza con empeorar mucho, mucho más.
El tictac del reloj es una bomba de relojería.
También estoy profundamente preocupado por sus posibles consecuencias para la paz y la seguridad regionales y mundiales y para un mundo que lucha por recuperarse de la COVID.
La resolución de hoy refleja una verdad fundamental.
El mundo quiere poner fin al tremendo sufrimiento humano en Ucrania.
Esta misma verdad quedó clara en la rápida movilización de fondos para nuestras operaciones humanitarias de salvamento en Ucrania y los países vecinos.
Nuestro llamamiento mundial urgente fue recibido con una generosidad récord.
Estoy profundamente agradecido a los donantes por su apoyo.
Con esa financiación disponible, podremos aumentar la entrega de suministros médicos y de salud vitales, alimentos, agua potable, refugio y protección.
De cara al futuro, continuaré haciendo todo lo que esté a mi alcance para contribuir a un cese inmediato de las hostilidades y negociaciones urgentes para la paz.
La gente en Ucrania necesita desesperadamente la paz.
Y la gente de todo el mundo lo exige.
Muchas gracias.
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