Acción por la vida y derechos de las mujeres

El Perú ostenta cifras alarmantes de homicidios, desapariciones y secuestros de trabajadoras sexuales. Solo este año se reportaron 11 asesinatos a trabajadoras sexuales, aparentemente relacionados con el cobro de cupos y una mujer trans permanece desaparecida.

Estos crímenes traen a la luz pública el deterioro de una antigua y desatendida situación de extrema vulnerabilidad y violencia que sufre esta población. Investigar los casos de violencia, perseguir los crímenes, eliminar la discriminación en las entidades públicas, eliminar la criminalización del trabajo sexual y reconocer el derecho a la identidad son medidas urgentes para impulsar un proceso que permita a estas mujeres en su diversidad –que son madres, hermanas, hijas y parejas– ejercer sus derechos humanos y vivir libres de violencia y discriminación.

La vida de una mujer trans peruana está colmada de riesgos y desprovista de oportunidades. El 96% de las mujeres trans peruanas han sufrido violencia. Seis de cada diez se dedican al trabajo sexual por falta de oportunidades de empleo, según la Defensoría del Pueblo. Esta situación viene precedida por el abandono del hogar, de la escuela (solo un 5% la ha culminado) y el desempleo. El impacto de la pandemia de la covid-19 privó a muchas trabajadoras sexuales que viven con VIH, tanto cisgénero como transgénero, de acceso a tratamiento antirretroviral, pronunciando aún más su vulnerabilidad.

Existe una preocupante escalada de violencia contra las mujeres cis y trans que ejercen la prostitución. Por lo general, las víctimas y sus redes de apoyo suelen ser reacias a denunciar la violencia por temor a la extorsión, a la violación de la confidencialidad o a las represalias. Además, un gran porcentaje reporta haber sufrido violencia por parte de las fuerzas del orden.

La Defensoría del Pueblo ha denunciado, a través de los últimos años, las situaciones de violencia y discriminación que sufren diariamente las personas trans debido a estigmas, prejuicios y estereotipos sobre su identidad de género y orientación sexual. La entidad resalta que la falta de políticas públicas con enfoques diferenciales y la impunidad de las denuncias ante los actos de violencia que sufren las personas trans genera una situación de invisibilización de sus derechos, la cual perdura hasta la fecha.

El Estado peruano requiere adoptar acciones efectivas frente a esta situación de sistemática vulneración a los derechos humanos de las personas trans. Es urgente hacer frente a las mafias de proxenetismo y, a la par, frenar la hostilización y criminalización que sufren por ejercer la prostitución, pese a no ser tipificada como un delito en el Perú.

Por otro lado, es crucial tomar acción para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las trabajadoras sexuales. Para ello se requiere considerar la identidad de género y la nacionalidad de las víctimas con el fin de desenmascarar posibles motivos discriminatorios. La Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Poder Judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Congreso de la República son las entidades competentes para liderar estos esfuerzos.

Finalmente, es necesaria una Ley de Identidad de Género, a través de la cual el Estado peruano reconozca, respete y garantice la identidad de las personas transgénero. Un paso fundamental para proteger la dignidad y los derechos de una persona es reconocer su identidad.

Las múltiples crisis que golpean al país se ensañan más con aquellas poblaciones históricamente excluidas y violentadas. Desde el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) en el Perú, trabajamos para disminuir las desigualdades, el estigma y discriminación, y contribuir a mejorar la esperanza y la calidad de vida de estas poblaciones en extrema situación de vulnerabilidad, como son las mujeres en toda su diversidad y las trabajadoras sexuales.

Nos solidarizamos con el dolor por el asesinato de las trabajadoras sexuales, mujeres en toda su diversidad, y ofrecemos nuestro apoyo para impulsar acciones desde todos los sectores del Estado y la sociedad para mejorar la protección de sus vidas y sus derechos humanos.

*Publicado en el diario El Peruano el 18 de febrero de 2023