Comunicado de prensa

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, concluye su visita oficial al Perú

20 julio 2022

Conferencia de prensa de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

 

Foto: © ONU Perú

Buenos días a todas y todos y gracias por venir.

Quisiera comenzar agradeciendo al Gobierno del Perú por su invitación. Esta visita me ha permitido comprender mejor tanto los avances en materia de derechos humanos como los retos a los que se enfrenta el país, su gente y sus instituciones. 

Durante mi visita, me reuní con el Presidente, la Vicepresidenta, el Canciller y otros miembros del gabinete. También llevé a cabo reuniones con congresistas de distintos partidos políticos y con representantes del poder judicial, de la sociedad civil, del sector privado, de los pueblos indígenas y de las víctimas de violaciones de derechos humanos. También me reuní con la Defensoría del Pueblo, las autoridades electorales y miembros del Acuerdo Nacional, una plataforma para el diálogo.

Perú todavía se está recuperando de una pandemia de COVID-19 que fue devastadora para su población y que resultó en la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo. Más de 1 de cada 20 personas con COVID murió; en total, se han registrado unas 213.825 muertes. Al mismo tiempo es alentador observar que actualmente el 84% de la población ha recibido la segunda dosis de la vacuna.

La pandemia dejó al descubierto las profundas brechas y desigualdades socioeconómicas de la sociedad peruana, y sus efectos amenazan con permanecer durante años. La pandemia golpeó muy fuerte al medio rural, a las clases más desfavorecidas y a los grupos más marginados y discriminados. Las niñas y niños están volviendo poco a poco a la escolarización presencial después de casi dos años de cierre de sus escuelas, una situación que afectó especialmente a las y los estudiantes de zonas remotas que no tienen acceso a Internet.

Otra conmoción externa, la guerra en Ucrania, está teniendo un profundo impacto en la capacidad de las personas peruanas para reconstruir mejor. En medio del aumento de los precios de los alimentos y del combustible, se considera que unos 15,5 millones de personas en el país sufren inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos. Esta preocupante situación podría empeorar en los próximos meses, debido a la escasez de fertilizantes necesarios en la próxima temporada de siembra.

He planteado a todos mis interlocutores que las medidas de protección socioeconómicas deben ampliarse y centrarse en generar mejoras tangibles para las personas más marginadas. Apoyar la agricultura a pequeña escala y dar prioridad a ayudar a las personas para que puedan dejar el mercado laboral informal, son formas claras de reconstruir mejor.

La polarización se ha profundizado en los últimos meses y hay indicios preocupantes de que los movimientos antiderechos están ganando terreno. Me preocupa que el discurso de odio contra adversarios, migrantes y otros, y la discriminación y la violencia puedan exacerbarse durante las elecciones locales y regionales que se celebrarán en octubre. El papel de las autoridades electorales del Perú es fundamental para proteger el espacio democrático en el contexto actual.

Los periodistas también desempeñan un rol crucial, pero se enfrentan a hostigamiento en el desempeño de sus funciones, especialmente las mujeres periodistas.

Muchas de las personas con las que me he reunido estos días han subrayado que sólo la acción de todos los sectores puede evitar el retroceso en el respeto -y la consecución- de los derechos humanos. Mi Oficina tiene una amplia experiencia en la asistencia a estos procesos y he ofrecido a las autoridades el apoyo de mi equipo en el Perú en este empeño. 

Para contrarrestar el retroceso en el respeto de los derechos humanos, Perú ya dispone de importantes herramientas, como leyes, políticas y protocolos que están alineadas con las normas internacionales de derechos humanos, pero que requieren esfuerzos para garantizar su aplicación, con el presupuesto y el personal adecuados. Igualmente importante, como he visto estos dos últimos días, es que el país cuenta con un valioso movimiento de derechos humanos que sigue luchando incansablemente por la justicia, y cuenta también con funcionarias y funcionarios comprometidos con los derechos humanos.

Mis intercambios con las partes interesadas han puesto de manifiesto que el camino a seguir sólo puede trazarse con éxito si los distintos sectores de la sociedad se unen y mantienen un diálogo nacional inclusivo que represente la rica diversidad de este país. Para ello, insto a todos los partidos políticos a que actúen con generosidad y sentido de Estado para abordar los retos a los que se enfrenta el país. Para este proceso de diálogo es fundamental contar con unas instituciones estatales fuertes, transparentes, responsables y dispuestas a erradicar la corrupción.

Me gustaría también destacar el rol crucial de la Defensoría del Pueblo y la importancia de contar con un proceso de selección transparente, de acuerdo con las normas internacionales, para elegir al próximo titular de este cargo.

Los pueblos indígenas y las personas defensoras de derechos humanos del Perú están en primera línea cuando se trata de los impactos del cambio climático y otras amenazas, como la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico, especialmente en la región amazónica. Por ello, deben ser considerados aliados en los esfuerzos para hacer frente a la impunidad de la que gozan los grupos criminales. Los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario también se ven afectados por las actividades ilícitas.

Debo decir que admiro la valentía y la fuerza de las personas defensoras de derechos humanos que desempeñan un papel inestimable en la sociedad peruana en medio de los riesgos persistentes. Estas personas necesitan una protección efectiva para garantizar un entorno seguro y propicio para su trabajo. Celebro el compromiso de las autoridades de trabajar con mi equipo en el Perú para lograr este objetivo.

La minería y otras industrias extractivas han sido fundamentales para la economía del Perú durante siglos. Pero con demasiada frecuencia, las promesas de desarrollo de las industrias extractivas no llegan a beneficiar a las comunidades afectadas, especialmente a los pueblos indígenas y a las poblaciones rurales.

El remedio a la contaminación dejada por proyectos anteriores aún no se ha llevado a cabo en su totalidad. Una defensora indígena de derechos medioambientales describió cómo los metales pesados procedentes de una mina local en los cauces de los ríos habían dejado enfermos a los habitantes de su comunidad en la región de Cusco. "No estamos en contra del desarrollo. Sólo queremos que las empresas actúen con responsabilidad. No queremos morir, queremos vivir", dijo.

Los acuerdos alcanzados para abordar el descontento social provocado por los proyectos extractivos y de otro tipo deben basarse en la consulta previa, garantizar la protección de los derechos subyacentes a la tierra y a los recursos naturales, incorporar salvaguardias sociales y medioambientales y mitigar cualquier impacto negativo. El sector privado tiene un importante papel que desempeñar para avanzar mediante el desarrollo de medidas voluntarias y obligatorias para aplicar la diligencia debida de las empresas. Representantes del sector privado con los que me reuní enfatizaron su compromiso para avanzar en los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la ONU. También apoyo las iniciativas para avanzar hacia las energías verdes y renovables.

Me conmovió escuchar los testimonios de los grupos que promueven la igualdad de género, incluidos los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Animo a las autoridades a que colaboren con la sociedad civil para contrarrestar los altos niveles de violencia doméstica, las barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, la discriminación basada en actitudes sexistas y estereotipos de género y los índices desproporcionados de mujeres y niñas desaparecidas.

Reconozco el esfuerzo del Perú para responder a la llegada de alrededor de 1,3 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas, lo que es un testimonio del país y de su gente, que se puso en marcha para ayudar. Sin embargo, me preocupa -y así lo manifesté en muchas de mis reuniones con distintos actores- una propuesta legislativa aprobada recientemente por el Congreso que exigiría a las personas migrantes que demuestren su condición regular de migración para alquilar una propiedad, lo que podría afectar a los más vulnerables, incluidos las niñas y los niños. Esta medida también podría afectar a los peruanos y peruanas que alquilan sus casas y podrían perder estos ingresos de alquiler, a menudo vitales.

Como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, he tenido el privilegio de reunirme con víctimas de violaciones y personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo.

Esta semana, en Perú, he sido testigo de la resiliencia y esperanza de quienes buscan la verdad y la justicia por las violaciones que han sufrido. Tuve ocasión de hablar con una mujer que me contó cómo fue engañada y esterilizada a la fuerza y, décadas después, aún no ha recibido justicia. Ella era una de las miles de mujeres y hombres -en su mayoría rurales, pobres y quechuahablantes- que sufrieron esta violación.

Mi visita coincidió con una fecha emblemática: el 30 aniversario del horrible atentado de Tarata perpetrado por Sendero Luminoso, que causó la muerte de 25 personas, así como de la masacre de La Cantuta, cuando nueve estudiantes y un profesor universitario fueron secuestrados y asesinados por un escuadrón de la muerte.

Asumir el período de violencia que vivió Perú entre 1980 y 2000 es vital para superar los principales retos de hoy en día, incluidos los actuales niveles de polarización política y social. Como médico, siempre digo que una herida que no está limpia no sana. Los lugares como el Ojo que Llora en Lima o la Hoyada en Ayacucho honran a las víctimas y ayudan a superar el pasado. Las víctimas de las protestas de noviembre de 2020 también han mostrado una fuerza similar en la búsqueda de justicia. Un joven que encontré en una de mis reuniones lo dijo claramente: Mi generación está harta de la impunidad, basta.

He mantenido una serie de conversaciones constructivas con representantes de distintos sectores del Estado, que reconocen los retos del Perú en materia de derechos humanos y han identificado respuestas concretas para abordarlos.

Valoro el compromiso de las autoridades de cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluso con las próximas visitas de los relatores especiales de la ONU. También valoro los esfuerzos de las autoridades para garantizar una presencia sostenible de mi equipo aquí en el país.

El Perú se enfrenta a desafíos en materia de derechos humanos, tal y como hemos escuchado durante los últimos días. En base a las discusiones que he mantenido, estoy convencida de que pueden ser superados y se puede encontrar un camino hacia un futuro más inclusivo. Es importante mantener la esperanza.

Mi Oficina está dispuesta a acompañarles en estos esfuerzos.

Gracias.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, concluye su visita oficial al Perú

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