Misión de expertos ONU ante la emergencia ambiental presenta resultados en reunión de coordinación ministerial

A raíz del derrame de petróleo en el entorno marino ocurrido el 15 de enero de 2022 en la refinería La Pampilla, administrada por la empresa Repsol, el Gobierno del Perú solicitó apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La Unidad Conjunta de Emergencias Ambientales PNUMA/OCHA (JEU por sus siglas en inglés), contando con el apoyo de la Unión Europea, del gobierno de Noruega y del Mecanismo de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres (UNDAC), desplegó rápidamente al Perú un equipo multidisciplinario experto en la gestión de desastres, en la conducción de respuestas ante derrames de petróleo, y en análisis y evaluación de impactos. El trabajo de campo de esta misión ha culminado el 10 de febrero.

El trabajo de la misión de expertos ha estado enfocado en tres grandes áreas: asistencia técnica y asesoría al Gobierno Nacional para la contención, mitigación y limpieza del área afectada; asistencia técnica y asesoría para la gestión y coordinación de la emergencia (ámbito ambiental, socioeconómico y humanitario); y asistencia técnica a las autoridades nacionales para reducir el riesgo de futuros desastres por vertidos de petróleo en el océano, incluyendo recomendaciones metodológicas y normativas. En los próximos días la misión entregará al Gobierno su informe con los hallazgos y recomendaciones en estas áreas.

Entre el 23 de enero y el 11 de febrero la misión realizó visitas de campo y sobrevuelos a la zona afectada, sostuvo reuniones con autoridades y especialistas del Estado, actores de la sociedad civil, personas afectadas en la zona del desastre, y representantes y equipos técnicos de la empresa.

Entre los principales hallazgos y recomendaciones  en torno a la emergencia ambiental se encuentran:

• Según las estimaciones del MINAM, al menos 11,900 barriles de petróleo derramado han cubierto más de 1,400 hectáreas de mar y tierra, así como más de 500 hectáreas de reservas de fauna marina en áreas naturales protegidas. El desastre ambiental ha alcanzado las costas de cinco distritos al norte del punto de derrame, estimándose la contaminación de cerca de 80 kms. de costa. Esto lo convierte en el peor desastre ecológico que ha afectado al país en su historia reciente

• Producto de los procesos naturales y las operaciones de limpieza, a 15 días del derrame ya no se evidenciaba la presencia de una gran mancha continua de crudo en el mar. Lo que se observa es la presencia de pequeñas zonas aisladas de contaminación. Las áreas de mayor acumulación actual de petróleo son las estrechas bahías rocosas (entre Ventanilla y Chancay) y las estructuras artificiales que actúan como trampas para el crudo. Estas zonas podrían ser una fuente de contaminación secundaria con consecuencias negativas para el medio ambiente a mediano plazo.

• El impacto en la vida silvestre y los recursos naturales, ha afectado duramente a las comunidades locales, especialmente pero no sólo a las familias que viven de la pesca y de actividades relacionadas al turismo. Sin embargo, a la fecha no se evidencia que se haya producido evaluaciones de daños ni análisis de necesidades integrales a la población, el cual permita conocer mejor los daños sufridos, las necesidades actuales, conocer el impacto por lucro cesante, y tener una idea del género, edad y ubicación de la población en necesidad. Por tanto, se recomienda realizar cuanto antes un análisis de necesidades de la población afectada que garantice la puesta en marcha de mecanismos de comunicación y participación de las comunidades en los planes de asistencia y de recuperación socioeconómica.

• La contaminación de las zonas costeras y del lecho marino podría tener un efecto negativo de largo plazo en especies como mariscos o conchas. Considerando este y otros factores de riesgo, es necesario implementar un plan de monitoreo ambiental que permita determinar el momento en el cual sea saludable abrir las playas y consumir los productos marinos.

• El Estado tiene la responsabilidad de establecer canales formales de participación y comunicación con la población sobre el impacto en su vida. Es crucial que a la población se le permita ser un agente activo de la búsqueda e implementacion de soluciones a los problemas sociales, asegurando también altos estándares de rendición de cuentas y transparencia.

• La complejidad de la operación de respuesta al derrame, por su envergadura y severidad, ha supuesto una dura prueba para la capacidad de respuesta en el país. Se ha evidenciado el enorme esfuerzo de todas las partes involucradas, pero también significativas oportunidades de mejora en la coordinación interinstitucional, gestión de la información y conducción de las operaciones de respuesta. Se recomienda la adopción inmediata de la metodología del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) para gestionar y conducir la respuesta ante ésta y futuras emergencias, integrando en este mecanismo a las empresas responsables de la limpieza. En el corto plazo, también se recomienda fortalecer inmediatamente las capacidades del COEN, gobiernos subnacionales y/o entidades nacionales para finalizar una primera evaluación de daños y análisis de necesidades (bajo el mecanismo de EDAN y el sistema de información SINPAD). A mediano plazo se recomienda que la PCM y el INDECI realicen un plan de contingencia nacional multisectorial para enfrentar este tipo de desastres ambientales, en el marco del SINAGERD.

• El apoyo al Gobierno y otros actores por parte de las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas en el Perú continuará. Asimismo, se viene reforzando la articulación con otros actores del sector privado, la sociedad civil, la cooperación internacional y la academia con el objetivo transformar este grave desastre ambiental en una oportunidad para fortalecer la resiliencia del Perú.

Lima, 11 de febrero de 2022